Por: Alejandra Jiménez García
Zacapu, Mich; 5 de diciembre de 2022.
Al hartazgo ha llegado la ciudadanía que acude ante las agencias del Ministerio Público en la Jurisdicción Zacapu, debido a la dinámica de extorsión que ambos agentes, adscritos a las agencias primera y segunda, vienen ejerciendo; un numeroso testimonial de afectados señalan el contubernio con policías ministeriales y peritos, sin descartar la omisión y posible protección por parte de otros mandos.
Y es que la ciudadanía conocido de antaño las malas prácticas de funcionarios de este brazo de la Fiscalía, sin embargo, actualmente los abusos han rebasado en forma alarmante los señalamientos por EXTORSIÓN Y CATEOS ILEGALES que son la constante en este distrito judicial; ante esta descarada comisión de DELITOS CONTRA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, afectados exigen la intervención urgente del Fiscal General Adrián López Solís, para que se realice una investigación exhaustiva y objetiva del proceder de los funcionarios, quienes piden dádivas a quienes solicitan la intervención de la fiscalía, en los asuntos que le competen; ambos agentes re victimizan a los quejosos, lejos de realizar trámites y servicios que en su condición de servidores públicos están obligados a realizar.
La inconformidad ciudadana es tal, que constantemente buscan el apoyo del Alcalde Zacapense Luis Felipe León Balbanera para pedir su intervención ante el Fiscal General, ante lo cual el Alcalde procedió solicitando la inmediata remoción de los agentes Francisco Iván G.P. y Hugo Alberto V. T. sin que hasta el momento se atienda la petición.
Aunado a las constantes extorsiones, quienes pretenden interponer una denuncia en éste órgano, se enfrentan a horas de espera, falta de personal, los turnos de guardia que se manejan para fines de semana y días inhábiles es uno de los más deficientes, existe un solo médico legista para revisión médica a denunciantes que lo ameritan, reportes forenses, y demás labores que se requieren en su campo, dando lugar a más corrupción; estas prácticas constantemente inhiben que se proceda con la apertura de carpetas de investigación, violentando los derechos ciudadanos.
Los señalamientos hablan de la comisión de robos ocurridos en cateos simulados que no son otra cosa más que robos arteros, también se solicitan entre siete y diez mil pesos por “investigar mediante geo localizador” en los casos de personas desaparecidas, además de la tradicional “mochada” para “agilizar” las investigaciones. Éste informativo cuenta con numerosos testimonios en torno a la corrupción que impera en esta agencia, en la que, en confabulación con policías ministeriales, peritos y hasta por quienes sin contar con cédula profesional se ostentan como abogados, para cometer los abusos en contra de los ciudadanos.
Urge la intervención inmediata y directa del Fiscal Regional de Zamora Hugo Verduzco Medina, del Director de carpetas de investigación, Luis Enrique Corona Calderón y desde luego del propio Fiscal General del Estado.
