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Por Dora De la Cruz
Esta semana, Tamaulipas vivió un momento esperado por muchos: la vinculación a proceso de dos ex colaboradores del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Jesús «N» y Elda «N», ex secretario de administración y ex contralora, respectivamente, que enfrentan ahora a la justicia, señalados por su presunta participación en el saqueo del erario estatal.
Esta vinculación no es más que el primer hilo de la justicia que llevará a la detención, de todos y todas las involucrados en el saqueo al erario estatal, incluso de algunos que tienen fuero, no les salvará de ir a la cárcel. La ciudadanía tamaulipeca, harta de ver cómo los poderosos se salen con la suya, aplaude esta decisión. Sin embargo, su demanda es clara: no solo quieren justicia, quieren ver a los responsables tras las rejas, y que el dinero saqueado sea devuelto al pueblo.
El Juez de control del primer distrito judicial, Juan Artemio Haro Morales, fue quien dictó la vinculación a proceso. En una audiencia celebrada el 3 de julio, los imputados solicitaron 144 horas para presentar pruebas a su favor, quedando programada una nueva sesión para el 8 de julio a las 16:00 horas, en tanto que en este proceso aun el libertad los implicados, están acudiendo a firmar.
Este caso sobre la denuncia presentada por el gobierno del estado, se presentaron pruebas que revela que Jesús «N» y Elda «N» firmaron y autorizaron 14 contratos, fraccionándolos intencionalmente para evitar la licitación pública obligatoria, para beneficiar a dos personas morales y una física a través de adjudicaciones directas, sumando un monto total de $8,233,500.00 en contratos firmados el 15 de junio de 2022.
Los datos de prueba fueron suficientes para que el juez considerara la existencia del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y la probable participación de los imputados. Como medida cautelar, el juez ordenó que se presenten a firmar cada semana y prohibió su acercamiento a oficinas gubernamentales, dada la posibilidad de que intenten evadir la justicia. El delito que se les imputa tiene una pena máxima de 20 años de prisión.
El plazo de investigación complementaria vencerá el 8 de octubre de 2024, marcando un periodo crucial en la lucha contra la corrupción en Tamaulipas. La ciudadanía espera que este sea solo el inicio de una serie de acciones que devuelvan la confianza en las instituciones y garanticen que la impunidad no siga siendo el escudo de los poderosos.
Tamaulipas ya no está dispuesto a ser un testigo pasivo. La justicia ha comenzado su marcha, y la esperanza es que no se detenga hasta que todos los responsables paguen por los actos de corrupción que están en los expedientes de los casos de denuncias, presentadas, por el actual gobierno en contra de ex funcionarios del sexenio de Francisco Cabeza de Vaca, quien también es parte de estas investigaciones.
Cabeza de Vaca concluyó su sexenio envuelto en una serie de acusaciones que incluían el uso de recursos de procedencia ilícita, peculado, defraudación fiscal y un juicio político del cual salió ileso. Sin embargo, el panorama ha cambiado. La vinculación a proceso de sus ex colaboradores marca un real lucha contra la corrupción y la impunidad pronto podría alcanzar al mismo Ex gobernador.